El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si el gigante tecnológico utilizó una alianza con Character.AI para esquivar controles regulatorios. En el centro del análisis está una operación valorada en U$S 2.500 millones que podría redefinir las reglas de juego en el ecosistema de inteligencia artificial.
El avance arrollador de la inteligencia artificial ha reconfigurado el mapa de poder en Silicon Valley. Sin embargo, a medida que las grandes tecnológicas se lanzan a conquistar este terreno, los reguladores afilan la mirada. Ahora, el foco está puesto en Google y su acuerdo con Character.AI, una startup especializada en chatbots que pueden imitar a prácticamente cualquier persona o entidad. Según revelaron fuentes cercanas al tema, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha iniciado una investigación antimonopolio para determinar si el acuerdo violó las leyes de competencia.
La operación, cerrada el año pasado, permitió que los fundadores de Character.AI —ex empleados de Google— regresaran a la compañía junto a parte de su equipo de investigación. Además, Google obtuvo una licencia no exclusiva para usar la tecnología desarrollada por la startup. Según reportó Bloomberg en agosto, los inversores existentes de Character.AI vieron sus acciones compradas a un precio que valoraba la empresa en aproximadamente U$S 2.500 millones.
Si bien este tipo de acuerdos son celebrados en el ecosistema tecnológico como una vía ágil para adquirir talento e innovación, también despiertan preocupaciones. Para las autoridades, podrían ser estrategias encubiertas para neutralizar a nuevos competidores antes de que se conviertan en amenazas reales. “Estamos encantados de que el talento de Character.AI se haya sumado a la empresa, pero no tenemos participación accionaria y siguen siendo una compañía independiente”, declaró Peter Schottenfels, vocero de Google, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Siempre estamos dispuestos a responder cualquier pregunta de los reguladores”.
Desde el Departamento de Justicia, por el momento, declinaron hacer comentarios oficiales. La investigación aún se encuentra en una etapa inicial y no implica una acusación formal contra Google. Sin embargo, el interés de los reguladores está alineado con una línea de acción más amplia impulsada por la administración de Joe Biden, que busca asegurar una competencia justa en los distintos segmentos de la inteligencia artificial, desde chips especializados hasta la oferta de poder computacional.
Este caso se suma a otras causas antimonopolio que enfrenta Alphabet Inc., la matriz de Google. En el ámbito de las búsquedas online, el gobierno ha propuesto medidas drásticas como la posible separación de su navegador Chrome y la prohibición de pagar para ser el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos, incluidas las interfaces basadas en inteligencia artificial. Una resolución judicial sobre este caso se espera para el verano boreal.
La investigación sobre Character.AI podría sentar un precedente clave. No se trata de una compra directa, pero sí de un acuerdo lo suficientemente significativo como para que los reguladores cuestionen si debió ser revisado bajo los marcos tradicionales de fusiones y adquisiciones. Aunque Google insiste en que no tiene control accionario, la llegada del equipo fundador y el uso compartido de su tecnología levantan sospechas sobre la verdadera intención detrás del acuerdo.
Mientras tanto, Character.AI continúa operando de manera independiente, aunque sin declaraciones públicas sobre el tema. Fundada por antiguos talentos de Google, la startup ha ganado popularidad por ofrecer chatbots que simulan interacciones con figuras históricas, celebridades o personalidades ficticias, una tecnología con potencial tanto lúdico como comercial.
El debate sobre el alcance del poder de las big tech en la carrera por la inteligencia artificial recién empieza, y este caso podría convertirse en un punto de inflexión. ¿Es la alianza de Google con Character.AI un modelo de colaboración o una maniobra para consolidar aún más su dominio? Por ahora, la respuesta está en manos de los reguladores.