La compañía detrás de Facebook e Instagram se niega a firmar el código de prácticas para inteligencia artificial de propósito general. Alega que genera incertidumbre legal y excede el marco del AI Act aprobado por el bloque europeo.
Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que no firmará el código de prácticas para modelos de inteligencia artificial de propósito general impulsado por la Comisión Europea. Así lo expresó Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer de Meta, quien argumentó que el código “introduce una serie de incertidumbres legales para los desarrolladores de modelos, así como medidas que van mucho más allá del alcance de la AI Act”.
El código en cuestión fue presentado por la Comisión Europea —el brazo ejecutivo del bloque— como una herramienta voluntaria destinada a que los desarrolladores de modelos fundacionales alineen sus prácticas con los nuevos estándares de seguridad, transparencia y derechos de autor establecidos por la legislación europea sobre IA. La normativa general, conocida como AI Act, fue aprobada en 2023 y comenzará a regir a partir del 2 de agosto de 2025 para las empresas que trabajen con modelos de uso general.
El AI Act impone restricciones a ciertos usos de la tecnología, establece criterios de transparencia y exige evaluaciones de riesgo para los sistemas considerados de alto riesgo. Las empresas que no cumplan con estos lineamientos se exponen a multas de hasta el 7% de su facturación global anual.
A pesar de que el código de prácticas es opcional, Thomas Regnier, vocero de la Comisión Europea, advirtió que las compañías que decidan no adherirse podrían enfrentar “una mayor vigilancia regulatoria” por parte de la nueva Oficina de Inteligencia Artificial del bloque, que será responsable de supervisar la implementación y cumplimiento del AI Act. Esta oficina comenzará a aplicar las reglas a nuevos modelos a partir de 2026, y a modelos existentes en 2027.
La decisión de Meta se inscribe en un creciente desacuerdo entre grandes compañías tecnológicas y el enfoque regulatorio europeo. A principios de julio, los CEO de firmas como Mistral AI, ASML Holding y Airbus firmaron una carta conjunta dirigida a la Comisión Europea solicitando postergar la entrada en vigor de la ley, argumentando que el exceso y la complejidad de regulaciones estarían frenando la competitividad de Europa frente a Estados Unidos y China.
Kaplan respaldó esta postura empresarial: “Compartimos las preocupaciones expresadas por estas compañías, que consideran que este exceso normativo frenará el desarrollo y despliegue de modelos de frontera en Europa, y limitará el crecimiento de empresas europeas que buscan construir negocios sobre estas tecnologías”.
En contraste con Meta, la firma estadounidense OpenAI —creadora de ChatGPT— sí anunció su intención de firmar el código, aunque condicionó su participación a que se apruebe formalmente la versión final por parte de la junta de IA, un cuerpo compuesto por representantes de los 27 Estados miembros de la UE. “Firmar el código refleja nuestro compromiso de ofrecer modelos de IA capaces, accesibles y seguros para que los europeos participen plenamente de los beneficios económicos y sociales de la era de la inteligencia”, sostuvo OpenAI en un comunicado.
La Unión Europea, por su parte, busca recuperar terreno frente a las potencias tecnológicas globales. Como parte de su estrategia, proyecta la creación de una red de gigafábricas de IA, centros de entrenamiento masivo de modelos que estarán equipados con unos 100.000 chips avanzados, cuadruplicando la capacidad actual de fábricas similares en otras regiones. OpenAI confirmó que ya presentó expresiones de interés para participar de esta iniciativa.
Con una regulación pionera pero aún en disputa, Europa se enfrenta al desafío de equilibrar la innovación tecnológica con el control ético y legal del desarrollo de la inteligencia artificial. La negativa de Meta a adherir al código de prácticas es un nuevo capítulo en la tensión entre Silicon Valley y Bruselas, y podría marcar el tono de futuras negociaciones entre el poder regulador y las empresas que lideran la revolución tecnológica global.