Google, a través de su laboratorio Jigsaw y en alianza con el The Napolitan Institute, lanzará “We The People”, un experimento que reunirá entre 5 y 10 ciudadanos por cada uno de los 435 distritos congresales de EE.UU. para buscar puntos de consenso. Si prospera, podría cambiar la manera en que se hacen encuestas y se organiza la comunicación política.
Cómo funcionará “We The People”
El proyecto busca recopilar respuestas abiertas —no preguntas cerradas de sí/no— y procesarlas con Sensemaker, una herramienta basada en el modelo de lenguaje Gemini de Google. La intención: capturar matices, generar preguntas de seguimiento y agrupar coincidencias más allá de las etiquetas partidarias.
La iniciativa plantea reclutar entre 5 y 10 personas por cada uno de los 435 distritos congresales. Eso equivale a un total estimado de 2.175 a 4.350 participantes en una muestra nacional amplia (435 × 5 = 2.175; 435 × 10 = 4.350). En la primera fase los participantes responden en sus propias palabras; en rondas posteriores la IA resume temas, propone enunciados y, finalmente, los encuestados votan si están de acuerdo o no con esos enunciados para identificar puntos de encuentro.
“Queremos usar la IA para darle a la gente voz y opciones en el mundo que les rodea”, dijo Yasmin Green, directora ejecutiva de Jigsaw. Para Scott Rasmussen, coautor de la iniciativa, la ventaja es clara: “La capacidad de lograr que la gente responda en su propio lenguaje —y que responda a cómo otras personas han contestado— es revolucionaria para la industria”.
El piloto ya está en marcha con cientos de participantes y el lanzamiento federal fue programado para septiembre. Los reclutamientos estarán a cargo de RepData, un proveedor externo que, según los organizadores, seguirá “protocolos rigurosos alineados con estándares de la industria”.
Riesgos, transparencia y el mercado de las encuestas
We The People se presenta en un contexto de crecientes tensiones: la influencia de IA en campañas ya dejó señales preocupantes —deepfakes y manipulaciones durante la elección de 2024— y existen dudas sobre sesgos tanto en modelos como en la interpretación de resultados. Los organizadores dicen ser conscientes de esos riesgos y prometen auditorías regulares de la IA y la publicación abierta de todas las respuestas, preguntas y prompts empleados.
El experimento toma inspiración de vTaiwan, la plataforma taiwanesa que impulsó la deliberación pública en línea y que, según la nota fuente, recibió en 2023 una subvención de U$S 100.000 de OpenAI para explorar procesos democráticos relacionados con IA. Audrey Tang, responsable de aquella experiencia, destacó que esas conversaciones “son generativas y deliberativas” y permiten “ideas nuevas con las que otras personas resuenan”.
Desde lo comercial, el mercado global de investigación de opinión pasó de U$S 8.7 mil millones (2024) a U$S 8.93 mil millones (2025), y las proyecciones sitúan ese mercado en U$S 10.23 mil millones para 2029. Para campañas y consultoras, la posibilidad de obtener insights más matizados —y traducirlos en mensajes hiperlocales— es un incentivo evidente; también es la razón por la cual surgen alertas sobre uso indebido y microsegmentación.
Además, el vínculo de Scott Rasmussen con Rasmussen Reports —firma que ha sido señalada por presuntos sesgos conservadores y que tuvo controversias relacionadas con la difusión de resultados en 2024— añade una capa política que los organizadores intentan despejar: “No tengo nada que ver con esa empresa desde que me fui”, dijo Rasmussen al referirse a su distancia de la firma que fundó en 2003.
We The People promete, sobre el papel, transformar la investigación de opinión: pasar de encuestas cerradas a procesos deliberativos asistidos por IA que potencien la voz en lenguaje natural. Pero la viabilidad real dependerá de la calidad del diseño muestral, de cómo se controlen sesgos algorítmicos y de si los hallazgos terminan funcionando como herramienta de diálogo democrático —y no como un nuevo instrumento de segmentación política.
Si la iniciativa cumple lo que promete, la industria de la opinión pública —y la comunicación política— deberá repensar metodologías y controles. Y si falla, servirá como advertencia sobre los límites y peligros de delegar deliberación cívica a sistemas automatizados.