Quiere impedir que los 50 estados promulguen leyes propias sobre IA, en un intento por imponer una regulación federal única que, según la Casa Blanca, es necesaria para mantener la ventaja en la carrera tecnológica. Provocó críticas cruzadas —desde gobernadores republicanos hasta legisladores demócratas y fiscales estatales— y amenaza con abrir batallas judiciales y políticas inmediatas.
Donald Trump publicó en redes: “Haré una Orden Ejecutiva ONE RULE esta semana. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo”. Y añadió: “Debe haber un solo reglamento si vamos a seguir liderando en IA… ¡LA IA SERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA!” —frases que resumen su argumento de que un mosaico de normas estatales fragmentaría el mercado y frenaría la innovación.
La propuesta y el borrador filtrado de la orden mencionan medidas concretas: la creación de un “AI Litigation Task Force” para impugnar en tribunales las leyes estatales que se consideren “onerosas”, instrucciones para que agencias federales evalúen normativas estatales y un empuje a organismos como la FCC y la FTC para desarrollar estándares nacionales que primen sobre disposiciones locales. El documento filtrado también daría influencia directa a David Sacks —inversor de Silicon Valley y figura nombrada en círculos de la Casa Blanca— en la conducción de la política de IA, por encima del rol tradicional de la Oficina de Ciencia y Tecnología.
El trasfondo de la disputa es real: varios estados ya avanzaron con sus propias regulaciones. California aprobó el ambicioso SB 53, que introduce obligaciones de transparencia y auditoría para desarrolladores de modelos generativos; Tennessee aprobó la ELVIS Act para proteger artistas frente a deepfakes no autorizados; y en Nueva York legisladores impulsan iniciativas como la RAISE Act. Los defensores de las normas estatales argumentan que las reglas locales responden a riesgos concretos y a la urgencia de proteger a niños, trabajadores y consumidores.
En el frente político hay fisuras dentro del propio espacio conservador. Figuras como la congresista Marjorie Taylor Greene y el gobernador Ron DeSantis dijeron públicamente que los estados deben conservar su potestad legislativa: “Los estados deben retener el derecho a regular y hacer leyes sobre IA… hay que preservar el federalismo”, tuiteó Greene, mientras DeSantis aseguró que un veto a la regulación estatal impediría protecciones “importantes para individuos, niños y familias”. Por su parte, el senador Marco Rubio advirtió a Trump que “deje la IA en manos de los estados” para preservar el federalismo.
La presión desde Silicon Valley es intensa y visible: líderes como Greg Brockman, presidente de OpenAI, y el propio David Sacks han defendido que un parche de normas estatales crearía un “laberinto” regulatorio inviable y pondría en riesgo la competitividad frente a China, argumento que la Casa Blanca reproduce para justificar la iniciativa. Críticos, en cambio, sostienen que la medida beneficiaría a los grandes actores de la industria y recortaría herramientas locales para frenar abusos o defender derechos.
La reacción institucional no se hizo esperar: una coalición bipartidista de fiscales generales —36 estados, según comunicados recientes— envió advertencias sobre las consecuencias de preempción federal, y más de 200 legisladores estatales firmaron una carta abierta oponiéndose a que Washington anule las iniciativas locales. Además, hay antecedentes legislativos: propuestas anteriores de moratoria federal a la legislación estatal sobre IA —como la enmienda que buscó imponer una pausa de hasta 10 años— fueron rechazadas por amplios márgenes en el Congreso (en un caso, 99 a 1).
El debate no es sólo técnico ni abstracto: expertos alertan sobre daños concretos —desde deepfakes y pérdidas laborales hasta efectos psicológicos documentados tras interacciones perjudiciales con chatbots—, y por eso legisladores estatales reclaman la posibilidad de legislar con urgencia. En cambio, defensores de la orden ejecutiva sostienen que reglas dispares “destruirían” la industria emergente y que una norma única facilitaría la innovación.
Para los próximos días la discusión tendrá dos frentes: por un lado, la Casa Blanca buscará presentar la orden como un instrumento para conservar la ventaja estratégica de EE.UU.; por otro, estados y aliados legales ya preparan recursos y cartas públicas que podrían terminar en tribunales. Sea cual sea el resultado, la batalla delimitará quién —el gobierno federal, los estados o las grandes empresas tecnológicas— definirá las reglas del juego en la etapa temprana de la inteligencia artificial.
