La Comisión Europea concluyó que Facebook e Instagram no logran impedir el acceso de menores de 13 años. La sanción podría alcanzar hasta el 6% de la facturación global de la compañía, en un contexto de creciente regulación sobre las plataformas digitales.
La tensión entre los reguladores europeos y las grandes tecnológicas estadounidenses suma un nuevo capítulo. La Unión Europea avanzó en su investigación contra Meta, al concluir de forma preliminar que la compañía no está protegiendo adecuadamente a los menores de edad en sus plataformas Instagram y Facebook.
El caso, que se desarrolla bajo el marco de la Digital Services Act (DSA), podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación global de Meta, una cifra potencialmente multimillonaria si se confirma la sanción.
Un problema estructural: menores en plataformas restringidas
Según las conclusiones de la Comisión Europea, Meta no logró implementar mecanismos efectivos para evitar que menores de 13 años accedan a sus servicios, pese a que sus propias políticas lo prohíben.
“Instagram y Facebook están haciendo muy poco para evitar que niños por debajo de esta edad accedan a sus servicios”, afirmó Henna Virkkunen, jefa de tecnología de la Comisión.
La funcionaria fue aún más contundente al señalar que “la DSA exige que las plataformas hagan cumplir sus propias reglas: los términos y condiciones no deben ser simples declaraciones escritas, sino la base de acciones concretas para proteger a los usuarios, incluidos los niños”.
Además, Bruselas detectó que Meta tampoco actúa con suficiente rapidez para eliminar cuentas de usuarios que, una vez dentro, son identificados como menores de edad.
La respuesta de Meta: inversión y nuevas medidas
Desde Meta, la respuesta oficial apunta a reforzar su compromiso, aunque sin admitir fallas estructurales. “Tenemos claro que Instagram y Facebook están diseñados para personas mayores de 13 años y contamos con medidas para detectar y eliminar cuentas de menores”, indicó la compañía.
En ese sentido, agregaron: “Seguimos invirtiendo en tecnologías para encontrar y eliminar usuarios menores de edad y tendremos más novedades la próxima semana sobre nuevas medidas”.
La estrategia de Meta busca ganar tiempo frente a una investigación que lleva casi dos años y que ahora entra en una fase crítica.
Un debate más amplio: regulación, tecnología y geopolítica
El caso no es aislado. La Unión Europea está intensificando su ofensiva regulatoria contra las plataformas digitales, en un contexto donde el diseño adictivo, la seguridad infantil y la transparencia algorítmica se vuelven temas centrales.
En paralelo, Bruselas también mantiene investigaciones sobre otras plataformas como TikTok, especialmente por sus mecanismos de retención de usuarios.
El bloque europeo incluso está evaluando medidas más drásticas, como restringir el acceso a redes sociales para menores de 15 o 16 años, una iniciativa impulsada principalmente por Francia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue clara en su postura reciente: “Estamos responsabilizando a las plataformas online que no protegen lo suficiente a nuestros niños. La nueva solución de verificación de edad y la aplicación de nuestras normas van de la mano”.
Fricciones con Estados Unidos
La presión regulatoria europea también genera tensiones geopolíticas. Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha criticado duramente la DSA, considerando que se trata de una sobrerregulación que afecta a las empresas tecnológicas estadounidenses.
El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a calificar sanciones previas de la UE como “un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.
Un punto de inflexión para las big tech
El caso contra Meta marca un punto de inflexión en la relación entre regulación y tecnología. Ya no se trata solo de moderar contenido, sino de rediseñar sistemas completos para cumplir con estándares de seguridad, especialmente cuando involucran a menores.
Para Meta, el desafío es doble: evitar una multa que podría escalar a miles de millones de dólares y, al mismo tiempo, adaptar su infraestructura a un entorno donde la regulación ya no es opcional, sino estructural.
En un mercado global cada vez más fragmentado por normas locales, la capacidad de adaptación regulatoria podría convertirse en un factor tan crítico como la innovación tecnológica misma.