Gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Meta impulsan un plan para bloquear por una década cualquier intento de los estados estadounidenses de regular la IA. La medida divide al Partido Republicano y despierta duras críticas en el sector.
En medio de la acelerada carrera global por dominar la inteligencia artificial general (AGI), las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos están moviendo sus fichas en el tablero político. Amazon, Google, Microsoft y Meta lideran una campaña de lobby para imponer una moratoria de 10 años que impida a los estados norteamericanos regular modelos de IA de forma individual.
La propuesta fue incluida en el proyecto de ley presupuestaria del presidente Donald Trump, aprobado recientemente por la Cámara de Representantes. El Senado prevé presentar su propia versión en los próximos días, con la expectativa de que la legislación pueda ser aprobada antes del 4 de julio.
Una estrategia coordinada de presión política
La iniciativa cuenta con el respaldo de INCOMPAS, una asociación comercial liderada por Chip Pickering, excongresista y actual CEO de la entidad. Entre sus miembros figuran Amazon, Microsoft, Google, Meta y otras empresas de datos, infraestructura y servicios jurídicos.
“Esta es la política correcta en el momento correcto para el liderazgo estadounidense”, afirmó Pickering al Financial Times. “Pero también es fundamental en la carrera contra China”, agregó.
En 2024, INCOMPAS lanzó el AI Competition Center (AICC), un grupo creado especialmente para influir en legisladores y reguladores ante la creciente presión internacional por controlar el desarrollo de la IA. Amazon Web Services y Meta se sumaron a esta iniciativa a comienzos de año, justo cuando la Unión Europea avanzaba con una regulación más estricta del sector.
Google (a través de Alphabet) y Meta declinaron hacer comentarios, mientras que Microsoft y Amazon no respondieron a las solicitudes de información.
El temor al “parche” regulatorio
Los defensores de la moratoria argumentan que una red de regulaciones estatales descoordinadas puede ahogar la innovación y hacer que Estados Unidos pierda terreno frente a potencias como China. “No se puede tener 50 marcos legales distintos y esperar que eso no afecte negativamente la competitividad del país”, advirtió el senador republicano Thom Tillis. “No queremos que el país número uno en innovación se quede atrás en IA”, agregó.
El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, reforzó esa postura en una audiencia en el Senado el pasado 8 de mayo: “Sería desastroso que Estados Unidos obligue a las tecnológicas a cumplir con ciertos requisitos, como transparencia o seguridad, antes de lanzar sus productos”, dijo, en referencia al enfoque regulatorio de la Unión Europea.
Sin embargo, la propuesta está lejos de generar consenso, incluso dentro del Partido Republicano. Mientras algunos legisladores ven con buenos ojos una regulación federal unificada, otros consideran que bloquear la capacidad de acción de los estados es una medida excesiva.
“No me gusta tomar decisiones que limiten la capacidad de los estados”, expresó el senador Steve Daines. Aunque reconoció que podría haber “algo de sabiduría” en evitar un mosaico regulatorio, se mostró escéptico ante la imposición de una norma tan rígida.
Críticas desde la academia y la sociedad civil
Las voces en contra no tardaron en llegar. Max Tegmark, profesor del MIT y presidente del Future of Life Institute, calificó la movida como “una apropiación de poder por parte de tecnócratas que quieren concentrar aún más riqueza y control”.
Asad Ramzanali, director de políticas de IA en la Vanderbilt Policy Accelerator, también fue contundente: “La innovación responsable no debería temer a las leyes que prohíben prácticas irresponsables”.
Incluso dentro de la Cámara de Representantes, la moratoria ha generado tensiones. La republicana Marjorie Taylor Greene advirtió en su cuenta de X: “No tenemos idea de lo que la IA podrá hacer en los próximos 10 años y darle vía libre mientras se atan las manos de los estados es potencialmente peligroso”. Según la legisladora, el Senado debería eliminar esa cláusula del proyecto.
¿Condicionar fondos federales?
Para sortear los obstáculos legales del Senado, que exige que todas las provisiones del proyecto tengan impacto presupuestario, el senador Ted Cruz propuso un atajo: los estados que no cumplan con la moratoria podrían quedar excluidos de miles de millones de dólares en financiamiento federal para la expansión de redes de banda ancha en zonas rurales.
La maniobra permitiría aprobar la ley sin necesidad de contar con votos demócratas, pero elevaría el conflicto entre el gobierno federal y los estados.
Mientras tanto, organizaciones como Anthropic advierten que permitir una autorregulación total en Silicon Valley podría tener “consecuencias desastrosas” a nivel social. Dario Amodei, cofundador de la empresa, sostiene que la presión por lanzar modelos cada vez más potentes requiere una supervisión pública firme y proactiva.
