La provincia canadiense acusa a OpenAI de no haber alertado a las autoridades sobre el uso de ChatGPT por parte de la atacante de Tumbler Ridge. La demanda sostiene que la compañía había detectado conversaciones relacionadas con violencia y reclama cambios en sus sistemas de seguridad y transparencia.
British Columbia, una provincia de Canadá, presentó una demanda contra OpenAI y Sam Altman por el ataque ocurrido en febrero de 2026 en una escuela de Tumbler Ridge, que dejó 9 personas muertas, principalmente estudiantes.
La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal federal de San Francisco y sostiene que el ataque podría haberse evitado si OpenAI hubiera informado a las autoridades locales que la atacante había utilizado ChatGPT para planificar la agresión.
El caso coloca nuevamente bajo presión a una de las principales compañías de inteligencia artificial del mundo y abre un debate sobre los límites de la responsabilidad de los desarrolladores cuando sus sistemas detectan conversaciones que podrían estar relacionadas con violencia.
La demanda identifica como acusados a OpenAI y a su CEO, Sam Altman, y solicita una compensación económica destinada a financiar los esfuerzos de recuperación de la provincia después del ataque. También reclama cambios en la manera en que la compañía gestiona conversaciones de ChatGPT que puedan estar vinculadas con posibles actos violentos.
“Las personas de Tumbler Ridge han soportado una pérdida inimaginable, y merecen respuestas y rendición de cuentas”, afirmó Niki Sharma, fiscal general de British Columbia, al referirse a la demanda.
Las alertas internas de OpenAI
Uno de los elementos centrales de la presentación judicial es que, según British Columbia, la atacante había sido detectada previamente por los sistemas de seguridad de OpenAI debido a conversaciones relacionadas con violencia armada.
La atacante, Jesse Van Rootselaar, había comenzado a ser identificada por OpenAI en junio de 2025, varios meses antes del ataque.
De acuerdo con la demanda, miembros del equipo de seguridad de la compañía recomendaron contactar a la policía, pero esa recomendación habría sido rechazada por Altman y otros integrantes de la dirección de OpenAI. La provincia basa esta acusación en declaraciones de denunciantes internos de la compañía citadas posteriormente por The Wall Street Journal.
La cuenta de Van Rootselaar fue desactivada, pero, según la demanda, pudo crear una nueva cuenta y continuar utilizando ChatGPT para planificar el ataque.
Después de la publicación de las informaciones del Wall Street Journal, OpenAI explicó que la cuenta había sido identificada por sistemas diseñados para detectar “usos indebidos de nuestros modelos para facilitar actividades violentas”. Sin embargo, la compañía sostuvo que el caso no cumplía con sus criterios internos para informar a las autoridades.
El ataque ocurrió el 10 de febrero de 2026. Según la policía citada en la demanda, Van Rootselaar, que tenía 18 años, atacó primero a su madre y a su hermanastro en su domicilio. Posteriormente se dirigió a su antigua escuela, donde mató a un asistente educativo y a 5 estudiantes de entre 12 y 13 años. Luego murió por suicidio.
OpenAI defiende sus protocolos de seguridad
OpenAI calificó el ataque como una tragedia y sostuvo que continuará trabajando con las autoridades.
Drew Pusateri, portavoz de la compañía, afirmó: “OpenAI sigue comprometida con trabajar de manera colaborativa con funcionarios gubernamentales y autoridades policiales, y con continuar avanzando en nuestro trabajo permanente de seguridad”.
La compañía también sostiene que sus modelos están entrenados para rechazar solicitudes que puedan “facilitar de manera significativa la violencia” y que notifica a las fuerzas de seguridad cuando las conversaciones indican “un riesgo inminente y creíble de daño a otras personas”.
La demanda de British Columbia cuestiona precisamente la aplicación de esos criterios. Niki Sharma sostuvo que OpenAI todavía no tomó medidas suficientes frente a las preocupaciones planteadas por sobrevivientes, familiares y miembros de la comunidad de Tumbler Ridge.
“A la fecha, OpenAI no ha tomado medidas significativas para abordar las preocupaciones planteadas por los sobrevivientes, las familias y la comunidad de Tumbler Ridge”, afirmó la fiscal general.
El caso se suma a una serie de demandas que enfrenta OpenAI en Estados Unidos y Canadá por supuestos daños vinculados con el funcionamiento de ChatGPT.
Más de 30 familiares de víctimas y otras personas afectadas por el ataque habían presentado previamente demandas en California contra la compañía, acusándola de haber perdido una oportunidad de prevenir el ataque.
OpenAI también enfrenta una demanda relacionada con un tiroteo ocurrido en Florida State University. En junio de 2026, Florida se convirtió en el primer estado estadounidense en demandar a OpenAI por los riesgos de seguridad asociados con ChatGPT. Esa presentación acusó a la compañía de haber representado de manera incorrecta la seguridad de su plataforma y de haber proporcionado información a personas que planeaban ataques escolares, además de plantear otras acusaciones relacionadas con menores y autolesiones.
OpenAI ha negado esas acusaciones.
El nuevo debate sobre la responsabilidad de la IA
La demanda de British Columbia coloca en primer plano una cuestión que afecta a toda la industria: qué debe hacer una compañía de IA cuando sus sistemas detectan señales de que un usuario podría estar planificando un acto violento.
El caso también plantea una diferencia entre detectar un comportamiento potencialmente peligroso y determinar cuándo existe evidencia suficiente para involucrar a las autoridades.
Para OpenAI, los criterios actuales contemplan la notificación cuando existe un riesgo que considera “inminente y creíble”. British Columbia sostiene que, en el caso de Tumbler Ridge, las señales detectadas con anterioridad deberían haber provocado una intervención.
La provincia reclama además mayores salvaguardas y transparencia en los productos de OpenAI. El resultado de la demanda podría convertirse en un caso relevante para definir cómo las empresas de inteligencia artificial deberán responder cuando sus sistemas detecten posibles amenazas en conversaciones privadas y cuál será el alcance de sus responsabilidades frente a los usuarios, las autoridades y las comunidades afectadas.
