La RAISE Act obliga a los principales desarrolladores de IA a registrar sus sistemas, informar sobre sus protocolos de seguridad y notificar incidentes críticos en un plazo de 72 horas. La medida abre una nueva etapa de supervisión estatal para la industria tecnológica.
La industria de la inteligencia artificial enfrenta un nuevo escenario regulatorio en Estados Unidos. Nueva York comenzó a aplicar la RAISE Act (Responsible AI Safety and Enforcement), una ley que establece obligaciones de registro, transparencia y notificación de incidentes para los principales desarrolladores de sistemas avanzados de IA, entre ellos OpenAI y Anthropic.
La normativa representa un cambio en la relación entre las compañías tecnológicas y las autoridades públicas: las empresas ya no podrán depender exclusivamente de sus propios compromisos voluntarios en materia de seguridad, sino que deberán documentar sus procedimientos y responder ante los organismos reguladores.
La ley fue firmada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y establece un marco de supervisión estatal sobre los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial con capacidades generales de razonamiento y potencial para generar riesgos de alcance sistémico.
Entre las principales exigencias se encuentra la obligación de registrarse ante las autoridades, divulgar públicamente las prácticas de evaluación de seguridad y presentar información detallada sobre la arquitectura de los modelos, las fuentes de datos utilizadas durante el entrenamiento y los procedimientos para responder ante incidentes.
Uno de los puntos centrales es el plazo de notificación. Cuando un sistema registrado provoque o contribuya a un incidente crítico, sus desarrolladores tendrán 72 horas para informar a las autoridades y presentar una evaluación preliminar de lo ocurrido.
La definición de incidente crítico es amplia. Incluye fallas, usos indebidos o comportamientos inesperados de un sistema de IA que provoquen daños significativos a personas, infraestructuras críticas o la seguridad pública. Esto podría abarcar desde recomendaciones médicas peligrosas generadas por un chatbot hasta la utilización de inteligencia artificial en campañas de desinformación a gran escala.
La RAISE Act no prohíbe capacidades específicas de los modelos, pero establece un mecanismo para documentar su funcionamiento y permitir que los reguladores investiguen cuando se produzcan situaciones de riesgo. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, aunque la estructura exacta de las multas todavía se encuentra bajo revisión regulatoria.
Anthropic y OpenAI, bajo nuevas exigencias
La entrada en vigor de la normativa coincide con un momento especialmente relevante para las dos compañías alcanzadas.
Para Anthropic, desarrolladora de Claude, el nuevo escenario regulatorio llega en la antesala de su salida a bolsa. Según el material publicado, la compañía fijó un rango de entre U$S 70 y U$S 78 por acción para su oferta pública inicial, cuyo debut estaba previsto para el 19 de noviembre de 2026.
La empresa también atraviesa una etapa de fuerte actividad comercial y tecnológica, con el lanzamiento de Claude Meetings y nuevos modelos Mythos y Fable. En ese contexto, deberá explicar sus políticas de seguridad y cumplimiento regulatorio ante potenciales inversores.
OpenAI, por su parte, también enfrenta nuevas obligaciones mientras amplía los usos comerciales de ChatGPT. La compañía comenzó a transformar el chatbot en una plataforma de descubrimiento de negocios, con perfiles y listados que permiten a las empresas tener presencia dentro del servicio.
Esa expansión comercial aumenta la cantidad de aplicaciones y escenarios que pueden quedar bajo observación regulatoria. La RAISE Act apunta precisamente a sistemas de propósito general, una categoría en la que se encuadran modelos como los desarrollados por OpenAI y Anthropic, junto con sus distintas versiones y servicios de API.
Ninguna de las dos compañías había emitido declaraciones públicas sobre el inicio de la aplicación de la ley, según el texto original. Ambas habían manifestado anteriormente su respaldo a una regulación que consideren adecuada en sus presentaciones ante el Congreso estadounidense.
El riesgo de una regulación diferente en cada estado
La decisión de Nueva York también puede convertirse en un antecedente para otros estados. California debatió medidas similares durante el año, aunque no avanzó con una regulación integral. Colorado y Massachusetts, por su parte, cuentan con grupos de trabajo que estudian el tema.
Si otros estados adoptan marcos regulatorios propios, las compañías que operan en todo Estados Unidos podrían enfrentarse a un sistema fragmentado, con diferentes obligaciones, procedimientos y costos de cumplimiento.
La ausencia de una legislación federal integral sobre seguridad de la inteligencia artificial contribuye a esa incertidumbre. En este escenario, las empresas tecnológicas tienen dos caminos posibles: impulsar una regulación nacional que unifique los requisitos o prepararse para cumplir con normativas diferentes en cada jurisdicción.
La supervisión de la RAISE Act estará a cargo del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, aunque todavía no se informó cuántos investigadores serán destinados a controlar el cumplimiento ni cuál será el calendario de auditorías.
Ese punto será determinante para evaluar el impacto real de la ley. Sin recursos suficientes para fiscalizar a las compañías, existe el riesgo de que las nuevas obligaciones se conviertan principalmente en un ejercicio administrativo.
Para OpenAI, Anthropic y el resto de los desarrolladores de modelos avanzados, el cambio es significativo: la seguridad de la inteligencia artificial comienza a dejar de ser una responsabilidad definida exclusivamente por las propias empresas. La industria deberá incorporar mecanismos formales de documentación, supervisión y respuesta ante incidentes, en un contexto en el que las exigencias regulatorias podrían multiplicarse en los próximos años.
