Una corte federal de apelaciones de Washington confirmó por 2-1 la designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro de Defensa. La empresa había cuestionado la medida por considerar que excedía las facultades del gobierno y afectaba sus derechos.
La disputa entre Anthropic y el Pentágono sumó un nuevo capítulo judicial. Una corte federal de apelaciones de Washington, D.C., confirmó por 2 votos contra 1 la decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de designar a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional.
El fallo permite que el Pentágono continúe excluyendo los modelos Claude de sus sistemas y que impida su utilización por parte de contratistas de Defensa en trabajos para el organismo. La decisión representa un revés para Anthropic, que había recurrido a los tribunales para revertir la medida.
La mayoría del tribunal consideró que el Departamento de Defensa tenía fundamentos suficientes para concluir que la integración de Claude en sus sistemas de información, ya fuera directamente o a través de contratistas, podía constituir un riesgo de seguridad nacional contemplado por la legislación estadounidense.
El juez Gregory Katsas, acompañado por la jueza Neomi Rao, sostuvo que el Departamento tenía «amplio respaldo» para esa conclusión. Ambos fueron designados por el presidente Donald Trump. La jueza Karen LeCraft Henderson, designada por el expresidente George H.W. Bush, votó en disidencia.
El conflicto por las condiciones de uso de Claude
El enfrentamiento entre Anthropic y el gobierno estadounidense se intensificó después de que las negociaciones sobre la utilización militar de Claude no llegaran a un acuerdo.
Anthropic había firmado en julio de 2025 un contrato de U$S 200 millones con el Pentágono. Sin embargo, cuando comenzaron las conversaciones para implementar Claude en la plataforma de inteligencia artificial del Departamento de Defensa, GenAI.mil, las posiciones de ambas partes se alejaron.
El Pentágono pretendía disponer de acceso a los modelos de Anthropic para todos los usos considerados legales. La compañía, en cambio, buscaba mantener restricciones para impedir que su tecnología fuera utilizada en armas totalmente autónomas o para vigilancia masiva dentro de Estados Unidos.
Las negociaciones terminaron sin acuerdo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó entonces a Anthropic de intentar «apoderarse del poder de veto sobre las decisiones operativas del ejército de Estados Unidos».
En marzo, el Departamento de Defensa designó a Anthropic como supply chain risk, una clasificación que impide al ejército utilizar sus modelos y también restringe su utilización por parte de contratistas de Defensa.
El argumento del gobierno se apoyó en la posibilidad de que las restricciones incorporadas por Anthropic a Claude pudieran impedir que el modelo cumpliera determinadas funciones consideradas necesarias para la seguridad nacional.
Katsas escribió que el Departamento «temía razonablemente que Anthropic pudiera manipular el diseño de Claude para impedir que realizara funciones de seguridad nacional que el Departamento considera autorizadas y necesarias contractualmente».
Anthropic rechazó esa interpretación. La compañía sostiene que sus límites de uso buscan impedir determinadas aplicaciones de alto riesgo, no interferir con las funciones legítimas del gobierno.
Dos tribunales, dos decisiones
El caso tiene una particularidad jurídica importante: esta no es la única batalla judicial entre Anthropic y el gobierno estadounidense.
Una jueza federal de San Francisco había fallado previamente contra una designación paralela del gobierno. Ese proceso produjo una conclusión diferente y la decisión continúa teniendo efectos.
Por eso, aunque la corte de apelaciones de Washington confirmó una de las designaciones contra Anthropic, el conflicto general todavía no quedó resuelto. La propia compañía destacó esa diferencia al responder al fallo.
«Respetuosamente discrepamos con la decisión del tribunal. Otro tribunal federal ya determinó que la designación paralela del gobierno era ilegal. Seguimos confiando en nuestra posición y estamos considerando todas las opciones, incluida una revisión adicional», señaló un portavoz de Anthropic.
El tribunal de apelaciones, además, decidió demorar la entrada en vigor inmediata de su decisión para permitir que Anthropic solicite una nueva audiencia ante el mismo panel o una revisión en banc, es decir, ante un grupo más amplio de jueces del circuito. La compañía también podría pedir que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos.
La resolución deja abierta, por lo tanto, una nueva etapa judicial.
El caso también expone una discusión más amplia sobre quién establece los límites de la inteligencia artificial cuando sus modelos comienzan a utilizarse en ámbitos militares. Para Anthropic, determinadas aplicaciones requieren restricciones explícitas; para el gobierno estadounidense, esas restricciones no pueden impedir que las Fuerzas Armadas utilicen una tecnología contratada para funciones consideradas legales.
El juez Katsas resumió la posición de la mayoría al señalar que «en nuestra República, son el Presidente y el Secretario de Guerra quienes deben determinar cómo equilibrar mejor los riesgos en competencia». Según su interpretación, el secretario Hegseth no excedió los límites de su autoridad al adoptar la medida contra Anthropic.
La disputa entre Anthropic y el Pentágono se convierte así en uno de los casos más relevantes sobre el vínculo entre las grandes compañías de IA y el poder militar estadounidense: no solo está en juego el acceso de Claude a los sistemas de Defensa, sino también hasta dónde pueden llegar las condiciones que una empresa tecnológica establece sobre el uso de sus modelos cuando esos sistemas pasan a formar parte de infraestructura crítica del Estado.
