Apple presentó una nueva impugnación judicial contra el Gobierno del Reino Unido por una orden que busca acceder a copias de seguridad cifradas de usuarios británicos. La disputa reactiva el conflicto sobre privacidad, seguridad y el alcance de las facultades de vigilancia estatal.
Apple volvió a enfrentarse con el Gobierno del Reino Unido por el acceso a información protegida mediante cifrado. La compañía presentó el mes pasado una nueva impugnación ante el Investigatory Powers Tribunal (IPT) contra una orden de las autoridades británicas que busca obligarla a permitir el acceso a copias de seguridad cifradas de datos pertenecientes a usuarios del país.
La disputa representa un nuevo capítulo de un conflicto que ya había generado tensiones entre Londres y Washington. El Gobierno británico había retirado el año pasado su exigencia original de crear una «puerta trasera» que permitiera acceder a información cifrada de clientes tanto del Reino Unido como de Estados Unidos.
Ahora, las autoridades emitieron una nueva Technical Capability Notice (TCN) dirigida a Apple. Según el texto, esta nueva orden, emitida durante la segunda mitad del año pasado, no se aplica a los usuarios estadounidenses.
Las TCN están contempladas en el Investigatory Powers Act, legislación británica que el Gobierno sostiene que resulta necesaria para que las fuerzas de seguridad puedan investigar casos vinculados con terrorismo y abuso sexual infantil.
Estas órdenes pueden obligar a las compañías tecnológicas a proporcionar a los servicios de seguridad británicos acceso a datos de sus clientes, incluso cuando esa información se encuentre protegida mediante sistemas de cifrado.
Apple vuelve a recurrir ante la Justicia
La nueva presentación de Apple fue notificada por el tribunal a Privacy International, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos que, junto con Liberty, ya había presentado anteriormente una impugnación separada contra las TCN ante el mismo tribunal.
El caso promovido por ambas organizaciones estaba previsto para ser analizado en diciembre.
Apple sostiene desde hace tiempo que crear mecanismos que permitan sortear el cifrado podría terminar debilitando la seguridad de todos sus usuarios. La compañía considera que una puerta trasera diseñada para permitir el acceso de las autoridades también podría convertirse en una vulnerabilidad para el conjunto de su ecosistema.
En esta nueva disputa, sin embargo, Apple y el Home Office tienen restricciones legales que les impiden comentar públicamente los detalles de las Technical Capability Notices. La compañía tampoco respondió a una solicitud de comentarios mencionada en el texto.
Seguridad frente a privacidad
El conflicto expone nuevamente una de las discusiones más complejas para las grandes compañías tecnológicas: hasta dónde puede llegar un Gobierno para acceder a información digital protegida y qué riesgos genera esa intervención para la seguridad del resto de los usuarios.
La posición del Gobierno británico es que las facultades previstas en el Investigatory Powers Act cuentan con salvaguardas sólidas y que las órdenes solo se utilizan cuando resultan absolutamente necesarias.
Las autoridades también han rechazado la idea de que exista necesariamente una contradicción entre privacidad y seguridad. En anteriores declaraciones, el Home Office sostuvo que ambas cuestiones no están «en conflicto» cuando se aplican estas facultades.
Para Apple, en cambio, el problema reside precisamente en las consecuencias que tendría debilitar los mecanismos de protección de los datos cifrados.
La compañía ya había mantenido una disputa similar con Londres cuando el Gobierno británico buscó inicialmente obtener acceso a información de usuarios británicos y estadounidenses. Esa exigencia terminó siendo retirada el año pasado, poniendo fin a una batalla diplomática entre el Reino Unido y Estados Unidos.
La nueva orden, aunque limitada a usuarios británicos según el texto, vuelve a colocar a Apple ante una decisión de alto impacto para su modelo de seguridad: permitir que las autoridades tengan acceso a determinados datos protegidos o mantener el cifrado sin mecanismos especiales de acceso.
La controversia también pone bajo escrutinio el alcance del Investigatory Powers Act y las obligaciones que los gobiernos pueden imponer a las empresas tecnológicas cuando los datos de sus usuarios están protegidos por cifrado.
Por ahora, la nueva impugnación de Apple ante el Investigatory Powers Tribunal abre otra instancia judicial en una disputa que enfrenta dos objetivos difíciles de conciliar: las necesidades de investigación de las autoridades británicas y la promesa de seguridad y privacidad que las compañías tecnológicas ofrecen a sus usuarios.
