Un revelador estudio señala a las principales empresas de infraestructura de internet, con Cloudflare a la cabeza alojando más de la mitad de las plataformas identificadas, en medio de un aumento del 1.500% en el volumen de imágenes íntimas no consensuales generadas por IA.
El acelerado avance y la democratización de la inteligencia artificial generativa están planteando serios desafíos éticos, legales y de infraestructura para la industria tecnológica global. Un reciente estudio publicado en la revista científica Journal of Online Trust and Safety pone en el centro del debate el rol fundamental de los proveedores de servicios web y motores de búsqueda frente a la propagación masiva de contenido malicioso. Según la investigación, el volumen de imágenes e íntimas no consensuales generadas por inteligencia artificial en línea experimentó un crecimiento exponencial, pasando de aproximadamente 500.000 videos en 2023 a alcanzar la impactante cifra de 8 millones de videos en 2025.
El informe revela que estos deepfakes pornográficos resultan de muy fácil acceso para cualquier usuario a través de los servicios ofrecidos por las principales empresas de infraestructura de internet. En concreto, los investigadores identificaron un total de 88 sitios web de acceso público dedicados a alojar imágenes íntimas no consensuales creadas con inteligencia artificial, de los cuales 38 alojan de forma exclusiva este tipo de material.
En este mapa de infraestructura digital, la firma estadounidense Cloudflare queda especialmente destacada: el análisis concluyó que tan solo cinco empresas de infraestructura albergan la totalidad de estas plataformas, y Cloudflare en particular proporciona alojamiento web para más de la mitad de los sitios identificados. Asimismo, el rol de los gigantes de la búsqueda rápida queda expuesto al verificarse que el 93% de los 88 sitios web analizados son fácilmente accesibles a través de una búsqueda estándar en el buscador Google.
El impacto de este fenómeno afecta de forma abrumadora a un segmento específico de la población, ya que el estudio determinó que casi la totalidad del contenido deepfake identificado está dirigido exclusivamente a mujeres y niñas. Entre los objetivos principales se encuentran reconocidas estrellas de Hollywood y de la prominente industria cinematográfica hindi, así como también artistas del género K-pop, feministas y activistas de amplio reconocimiento público.
Ante este panorama, la comunidad académica y de investigación enfatiza que las vías puramente regulatorias resultan insuficientes si no se involucra de manera activa a las empresas tecnológicas que sostienen la red digital.
“Presionar a las plataformas tecnológicas que distribuyen este tipo de contenido al público podría ser nuestra mejor oportunidad para frenar la rápida propagación del abuso sexual generado por IA.”
— Sarah Morgan, investigadora principal de la Universidad de Lancaster
En esta misma línea de pensamiento, la coautora del estudio científico profundizó sobre la urgente necesidad de atribuir responsabilidades directas a toda la cadena de distribución digital.
“Se debe responsabilizar a quienes crean, distribuyen y facilitan la difusión de contenido falso con el potencial de arruinar vidas.”
— Dra. Sophie Nightingale, coautora del estudio
El informe aborda el contexto normativo internacional, destacando que en jurisdicciones como Inglaterra se han promulgado leyes específicas que prohíben la creación, solicitud o compartición de deepfakes pornográficos. No obstante, los autores argumentan que la legislación por sí sola no logrará resolver el problema sin ejercer una presión directa sobre las compañías de tecnología que alojan o facilitan el acceso a dicho material.
En el ámbito norteamericano, la Ley bipartidista TAKE IT DOWN, promulgada por el presidente Donald Trump en 2025, busca proteger a las personas frente a la divulgación no consensual de imágenes íntimas y deepfakes. Esta normativa legal exige que las páginas y sitios web establezcan un procedimiento formal de notificación y eliminación, con el objetivo de retirar el contenido en un plazo máximo de dos días tras recibir la denuncia de la víctima. Pese a este avance, los investigadores advierten que la ley continúa imponiendo la mayor parte de la carga operativa y emocional sobre las propias víctimas, quienes se ven obligadas a localizar y presentar denuncias individuales por cada imagen y video que encuentren circulando en la red.